Poder para vetar

May 14, 2010
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El concejal Chuck Turner le dio vigencia al asunto del cierre de las sucursales de bibliotecas y de centros comunitarios que parece que se quieren olvidar o mandar al olvido tras la efervescencia que tuvieron en las pasadas semanas. Dijo que “no se puede beneficiar a unos mientras se le quita servicios básicos a otros”.

This week City Councilor Chuck Turner cited the issue of closing libraries and community centers in comparison to the controversial Boston firefighters’ contract. He is the first councilor to publicly reject the pact, setting up a clash with other councilors, including John Tobin, who has said he’s planning to approve the contract that has different estimates: A state arbitrator says the agreement will cost $39 million, while the city calculates it is worth $74 million.

El comentario marcó distancia en relación a un apoyo que recibieron los bomberos en su campaña por lograr un nuevo contrato con aumentos, un tema en que los concejales necesitan dar aprobación porque está de por medio un gasto que podría significar 74 millones para el presupuesto de la ciudad, donde ya están anunciados cierres, por ahorros menores, de sucursales de biblioteca y los necesarios centros comunitarios. Las expresiones de Turner llegaron en momentos en que había una división de los concejales respecta a las negociaciones que se dan con dirigentes del sindicato conocido como Boston Firefighters Local 718, el que recibió ayuda de una entidad arbitral para lograr un 10 por ciento de aumentos. El asunto no es sólo que estamos en medio de una crisis presupuestal, sino que hay consideraciones en la negociación que requieren aprobación de los concejales.

Los analistas de este tipo de conversaciones explican que el tema podría ser motivo de disputas futuras y hasta de retorno a la mesa de negociación en caso que el alcalde firmara el nuevo contrato. Eso porque los concejales tienen el voto o el veto de aprobar el dinero para gastos.

Pero la posición de Turner se califico totalmente de divisiva en medio de posiciones que iban a favor y en contra de la aprobación del contrato que tiene diferente análisis a la hora de las explicaciones, ya que mientras la comisión arbitral decía que los aumentos significarían un gasto de $39 millones los estimados de la ciudad indicaban que costaría 74 millones el paquete.

Y hay algo más, en el caso que el alcalde se vea obligado a firmar, no hay la seguridad que se empiece a cumplir, porque los concejales tienen el voto definitivo respecto a los gastos y, si lo vetan, todo tendría que volver a la mesa de negociaciones.

Andy Zagastizábal

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